EL DERECHO A INFORMAR

Recientemente hemos asistido, con ocasión de la celebración de un partido de fútbol entre niños, a un espinoso incidente entre algunos directivos de un conocido club deportivo de la ciudad de Valladolid con un informador gráfico que ejercía su labor.

Sucesos como éste no tendrían mayor repercusión mediática de no concurrir algunas circunstancias que lo hacen especialmente grave, por ser varios los intereses que se han visto afectados y distintas los organismos y las instituciones que, sin quererlo, se han visto implicadas.

Por un lado, nos hallamos ante un campo cuya titularidad pertenece a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, y por tanto, un espacio deportivo cuya financiación ha corrido a cargo de todos los ciudadanos a través del pago de sus impuestos, espacio, por tanto, que no es propiedad privada de nadie.

En segundo lugar, nos encontramos ante una superficie deportiva cubierta de césped artificial, sobre la cual la Federación de Castilla y de León de Fútbol, como organismo rector de la Competición, debería regular cuánto aconteciese sobre el mismo con ocasión de un partido federado, disponiendo, entre otras cosas, quiénes y en qué condiciones podrían acceder al terreno de juego para, entre otras cosas, ejercer el derecho a informar que recoge nuestra Constitución. Normativa federativa que, tras diversas conversaciones con un alto representante de la Federación, hemos constatado que no existe.

En tercer lugar, nos encontramos ante las facultades que la Fundación Municipal de Deportes delega en los clubes en virtud del derecho de Gestión de esos campos, Contrato de Gestión que, al vincular únicamente a la autoridad municipal con un club en particular, no tiene por qué ser conocido por el ciudadano de a pie ni tampoco, obligatoriamente, por quienes ejercemos el derecho a informar.

Y, en cuarto lugar, tenemos el libre derecho a informar y a ser informados que tienen los aficionados al fútbol de esta ciudad, derechos que se han visto gravemente conculcados hace varias jornadas cuando se trató de impedir, incluso bajo amenazas y tras llegar a paralizar el encuentro de categoría benjamín que se celebraba en ese momento, el ejercicio de los mismos.

La gravedad de este incidente plantea un problema jurídico de gran envergadura ya que el contenido de ese Contrato de Gestión, no ha sido objeto de “Publicidad”, principio básico en derecho, ni tampoco ha sido expuesto, que se sepa, en ningún lugar de ese recinto deportivo para que todos podamos enterarnos de aquellos aspectos que pudieran condicionar nuestra actividad; nuestro ordenamiento jurídico establece que las normas obligan únicamente cuando han sido debidamente publicadas, bien en los Boletines correspondientes o mediante su adecuada exposición pública para los supuestos de un
ámbito de aplicación menor, ya que, de no ser así, no sabemos nadie si podrían estar ejerciéndose atribuciones legítimamente autorizadas o, por el contrario, pudiera estar haciéndose uso de comportamientos caprichosos inspirados en la arbitrariedad o en la enemistad personal.

Una vez más, a lo largo de la historia del periodismo, se trata de dificultar, cuando no de impedir, el ejercicio de una labor informativa, en este caso, “ad hoc”, labor que venimos desarrollando, desde hace algo más de dos años, con la credibilidad que avala que sean muchos miles las personas que siguen el devenir de la Competición a través de esta página.

Sería bueno que todas las partes afectadas aclarasen nítidamente el marco de sus respectivas competencias, para que, de esta manera, todos podamos conocer los derechos que nos asisten y las limitaciones a que atenernos, evitándose situaciones como ésta que en nada benefician el normal desarrollo de la Competición, creando, por el contrario, una alarmante atmósfera de inseguridad jurídica.